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De: Luis Fernando Astorga Gatjens, Vicepresidente de RIADIS
Ante la inoperancia y falta de compromiso de la OEA en relación con la constitución y convocatoria del Comité de Vigilancia de la Convención de Guatemala, RIADIS iniciará el próximo 1 de marzo, una Campaña Continental contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad.
Esta campaña informativa, formativa, comunicacional y de incidencia, fue aprobada el pasado jueves, 16 de febrero, en la sesión ordinaria del Comité Directivo de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias (RIADIS).
La iniciativa de RIADIS busca generar una conciencia continental ante la persistente situación de discriminación que afecta a millones de personas con discapacidad en las Américas, particularmente en la región iberoamericana y ante la falta de acción de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la aplicación efectiva del tratado que adoptó en 1999.
La RIADIS considera que la situación que se está dando y que tiene estancada a esta Convención, obliga a los movimientos asociativos de las personas con discapacidad de la región a desarrollar acciones de incidencia, de cara a la Secretaría General de la OEA y ante los gobiernos de sus respectivos países, a fin de cambiar este estado de cosas.
Objetivos y actores
Se considera que las acciones que se impulsen deben orientarse a dos grandes objetivos, a saber:
1) Que los países que no han nombrado a su correspondiente delegado o delegada ante el citado comité, lo haga, lo antes posible, basándose en criterios de capacidad y conocimiento en la materia, experiencia y firme compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Es deseable que para tal selección y nombramiento, se considere a personas con discapacidad, que reúna tales requisitos de idoneidad.
2) Que el Señor Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, convoque a la primera reunión de ese comité de vigilancia, en una fecha que no supere los límites del presente semestre.
En tal campaña de incidencia, es muy importante que los movimientos asociativos involucren a todos los organismos públicos relacionados con discapacidad, procuradurías y defensorías de derechos humanos (Ombudsman), organizaciones nacionales de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, en función de que respalden sus acciones y reivindicaciones.
Un instrumento que se oxida
El 6 de junio de 1999, se aprobó en la Ciudad de Antigua, Guatemala, la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y estuvo abierta para su firma el día 8 de junio.
Es la única convención regional de esa naturaleza, con lo que se convierte en el único referente en el ámbito de estos instrumentos jurídicos-que tiene la Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, cuyo proceso hacia su adopción, actualmente se desarrolla en el Comité Ad Hoc de Naciones Unidas, que arribará en agosto del 2006 a su octava reunión, en la cual, probablemente, se apruebe el nuevo tratado.
La Convención de la OEA, por su parte, entró en vigor el 14 de septiembre del 2001, ya que según establece el mismo tratado en el artículo VIII (numeral 3) “entrará en vigor para los Estados ratificantes, el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.” El sexto instrumento de ratificación fue depositado por Brasil, el día 15 de agosto del 2001.
El otro gran momento importante de ratificación y de depósito de tal instrumento, se da cuando lo hace el undécimo país, ya que el tratado interamericano indica en el artículo VI, numeral 1 que “Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado Parte”.
El numeral 2 de ese mismo artículo fija, por su parte, que “El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede.”
Tres años de atraso
En virtud de que Nicaragua depositó el undécimo instrumento de ratificación el 25 de noviembre del 2002, la primera reunión de este comité debió celebrarse el 22 de febrero del año 2003. Empero tal reunión no se efectuó ese día, ni en ningún otro día de los últimos tres años. Es muy probable, incluso que una buena parte de los Estados todavía no hayan nombrado a sus respectivos o respectivas representantes en el citado comité.
Entre las tareas asignadas a este comité es estudiar los informes que le presenten los Estados sobre la situación de las personas con discapacidad. Según el numeral 3 del mencionado artículo, en esta primera reunión del comité, los Estados Parte se comprometen a presentar un informe al Secretario General de la OEA para que lo transmita al Comité y para que éste lo analice y estudie. “En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.”
Los informes preparados por los Estados según lo establece el numeral 4 del mismo artículo VI– deberán incluir las medidas que “hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente Convención.”
El Comité será la instancia encargada de examinar el progreso registrado en la aplicación de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. “Los informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma”.
Comité fuerte y reunión impostergable
Valga decir que este tratado aún cuando representa un avance con respecto al instrumental de que disponemos las personas con discapacidad en nuestras luchas contra la discriminación y exclusión y por el respeto a nuestra dignidad y derechos, su alcance es limitado.
Lo que realmente puede establecer la diferencia y le puede dar sentido es la creación de un Comité de Vigilancia fuerte, que trabaje, seria y concienzudamente en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en el continente. Lo cual, de ninguna manera, es una tarea menuda. Todo lo contrario: Es una monumental tarea y un desafío enorme.
Es inadmisible que la OEA pretenda explicar –como se ha pretendido hacer— el largo atraso de tres años en la convocatoria de este comité, argumentando escasez de recursos. Quienes aprobaron y firmaron esta convención en el año 1999, sabía, perfectamente, que debían de afrontar compromisos ineludibles.
Si esta situación no se corrige, a partir del esfuerzo que significará esta campaña, en los próximos cuatro meses (un plazo, por lo demás razonable), las organizaciones de personas con discapacidad de toda la región, nos veremos obligadas a acusar a la OEA ante su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de discriminación contra las personas con discapacidad. Enfrentaría entonces este organismo, un desafío marcado por el escarnio y la evidencia de su propia inoperancia.

Judith Aular de Durán/ Secretaria de LUZ / wwwjaular@luz.edu.ve
Luz accesible: por una universidad para todos es el nombre del proyecto que tiene como objetivo central, integrar a las personas con discapacidad a nuestra institución. Durante los últimos años hemos observado con admiración cómo algunos estudiantes con discapacidad se esfuerzan por formarse dentro de nuestra institución y lo han logrado exitosamente Lo propio ocurre con destacados profesores que atienden a sus alumnos a pesar de que no cuentan con las oportunidades de acceso que por derecho les corresponde. Para nadie es un secreto que la infraestructura de LUZ no es accesible para las personas con discapacidad temporales o permanentes.
Es el momento de tomar acciones, principalmente las autoridades universitarias, e integramos a un proyecto que brinde a todos por igual la posibilidad de acceso. De esta manera daríamos cumplimiento a las legislaciones que establecen los derechos de las personas con discapacidad y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
De la misma manera, el texto emitido por el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en el año 2000, expone que: “La educación es un derecho humano fundamental y como tal es un elemento clave el desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida mundialización. Ya no se debería posponer más el logro de los objetivos de la Educación para Todos. Se puede y debe atender con toda urgencia a las necesidades básicas de aprendizaje”. Esa es la meta, lograr una educación para todos y en la Universidad del Zulia queremos ser los pioneros.
Este es un compromiso que asumimos y esperamos en un mediano plazo comenzar a obtener los primeros frutos. Como lo anuncié la semana pasada, pronto se incluirá una encuesta en el portal de admisión para conocer a las personas con discapacidad que desean ingresar a la Universidad del Zulia. En esta primera fase del proyecto trabajaremos las profesoras Dina Bromberg, Amile Carruyo, el director docente David Sánchez, el vicepresidente del Consejo Regional para la Integración de Personas con Discapacidad del Zulia, Miguel Yáber; el licenciado Humberto Hansen, las becarias Marianela Camacho y María de los Ángeles Ferrer y esta servidora. Esperamos pronto la incorporación de la profesora Miren Elorriaga y del profesor Miguel Ángel Campos, así como de todos aquellos que tengan que realizar valiosos aportes en la materia. Nuestro compromiso es hacer de nuestra alma máter una universidad para todos

El debate se centró principalmente en la necesidad de diseñar planes estratégicos de acción que lleven a la práctica la valoración de la diferencia y la diversidad, así como el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad como principios inseparables de la labor educativa.

En este sentido, los asistentes recomendaron a los gobiernos latinoamericanos que la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad y el desarrollo de la diversidad sean incorporados como criterios de evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior.

A continuación, se reproduce el texto completo de la declaración final del Primer “Primer Seminario Regional sobre la Integración de las Personas con Discapacidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe”:

Considerando que la diversidad, la valoración de la diferencia, el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos son principios inseparables de la educación superior;

Recordando que la inclusión de las personas con discapacidad es, en primer lugar, un tema de derechos humanos, tal como lo han desarrollado múltiples instrumentos internacionales y lo han reconocido las legislaciones nacionales en la región;

Reafirmando el compromiso de la educación superior en la construcción de una sociedad justa, caracterizada por el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, Valorando los esfuerzos y avances adelantados por países, instituciones y comunidades de la educación superior en la región para la inclusión de las personas con discapacidad;

Reconociendo la persistencia de importantes barreras que impiden o dificultan la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en la región y;

Asumiendo los desafíos pendientes en la tarea de lograr una educación superior efectivamente abierta a la diversidad humana:

— Instamos a todas las instituciones de Educación Superior a:

1. Incorporar la valoración de la diversidad y el objetivo de inclusión en su misión, visión y planes institucionales, recordando que ello compromete a todos sus procesos sustantivos.

2. Activar el papel de la Educación Superior en la preservación, promoción y desarrollo de una cultura de la diversidad.

3. Dictar normas afirmativas a favor del acceso y permanencia de las personas con discapacidad.

4. Diseñar y desarrollar programas permanentes y compromisos específicos para la inclusión de las personas con discapacidad, estableciendo plazos para logros en cuanto a adaptaciones en los sistemas de ingreso, adecuaciones curriculares, instalación de servicios de apoyo, eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación, capacitación y formación de personal.

5. Mantener un registro sistemático de los estudiantes, profesores y personal no-docente con discapacidad y su seguimiento.

6. Realizar las adecuaciones curriculares y en los sistemas de evaluación, indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

7. Incluir en los programas de formación docente los temas de derechos humanos, diversidad, discapacidad e inclusión y, en particular, capacitar al todo el personal docente en el uso y desarrollo de herramientas y estrategias didácticas, adecuaciones curriculares y procedimientos de evaluación adecuadas a la diversidad de los estudiantes y que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

8. Cumplir con normas de accesibilidad universal en la producción institucional de materiales educativos y software; y, en lo inmediato, adecuar sus portales de Internet a tales normas.

9. Incorporar en las bibliotecas y centros de información servicios de apoyo al usuario y recursos tales como: videotecas (incluyendo textos y clases en lengua de señas); acervos, equipo dactilográfico e impresoras en braille; textos grabados; softwares sintetizadores de voz y ampliadores de pantalla, scanners de lectura y otros, que favorezcan el acceso a la información y el estudio por parte de las personas con discapacidad. Aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación para la producción de materiales y entornos educativos accesibles.

10. Establecer fondos específicos para el financiamiento de acciones de inclusión de las personas con discapacidad. Tales fondos podrían contar con aportes de distintas fuentes y deberían tener garantías de largo plazo para adecuaciones progresivas con plazos determinados e incluir el financiamiento de aspectos como la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación, el equipamiento tecnológico, servicios de apoyo al estudiante con discapacidad, información, capacitación, difusión e investigación y desarrollo.

11. Crear órganos (o fortalecerlos donde existen) con atribuciones específicas y conformados por personal capacitado para la coordinación de acciones de inclusión de las personas con discapacidad en cada institución.

12. Promover la conformación y apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de estudiantes, docentes y personal no-docente con discapacidad, así como brindar garantías efectivas para su participación en la toma de decisiones y el diseño, ejecución y evaluación de los programas institucionales dirigidos a la inclusión.

13. Fomentar el apoyo mutuo, la solidaridad y el aprendizaje colaborativo entre estudiantes con discapacidad y aquellos que no la tienen y, en particular, establecer programas de tutoría o mentoría y estimular la conformación de voluntariados.

14. Mantener una actividad permanente de información y concientización de las comunidades universitarias, así como de divulgación nacional e internacional, y garantizar información actualizada y accesible sobre los servicios de apoyo disponibles para las personas con discapacidad.

15. Documentar y difundir experiencias institucionales y de casos individuales como clave para la construcción de referentes positivos que contribuyan a superar prejuicios y barreras actitudinales.

16. Integrar contenidos referidos a la diversidad y la discapacidad en los planes de estudio de todas las carreras, y en la gestión universitaria.

17. Desarrollar la investigación, el postgrado y la extensión en áreas de diversidad, discapacidad y derechos humanos.

— Exhortamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a:

1. Fortalecer la base de información sobre las personas con discapacidad en general y sobre su inclusión en la educación superior. Es necesario contar con estadísticas nacionales consistentes y realizadas sobre bases comunes, para lo cual la CIF (Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud) es el referente fundamental.

2. Avanzar en la aprobación de leyes y normas que hagan explícitos los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión en la educación superior y las obligaciones de las IES en cuanto a servicios, sistemas de ingreso, adecuaciones curriculares, formación de personal, infraestructura, divulgación, investigación y otros aspectos que garanticen la igualdad de oportunidades, promuevan los derechos humanos y la diversidad y prevengan actitudes discriminatorias.

3. Incorporar la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad y el desarrollo de la diversidad a los criterios de evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior.

4. Asignar fondos específicos para el financiamiento de programas y proyectos para la inclusión de las personas con discapacidad. Tales fondos deberían tener garantías de largo plazo para adecuaciones progresivas con plazos determinados en la infraestructura física y el equipamiento tecnológico y previsiones para el desarrollo de nuevas posibilidades para la inclusión.

5. Desarrollar una labor de información y de creación de conciencia permanente en torno a la discapacidad como asunto de derechos humanos, la necesidad de adecuación de las instituciones para garantizar el acceso a todos y todas, los conceptos de diversidad, accesibilidad, diseño universal y vida independiente.

6. Fortalecer la acción interinstitucional e intersectorial para garantizar condiciones de accesibilidad e inclusión en todos los ámbitos de la vida social y, en particular, acentuar las acciones dirigidas a la prevención, rehabilitación, eliminación de barreras en espacios públicos y acceso al empleo.

7. Establecer relaciones con el sector privado en función de promover el uso de criterios de diseño universal y accesibilidad en todos los productos y servicios; favorecer las condiciones para una estrecha relación con las instituciones de educación superior que garantice las pasantías y prácticas profesionales, y facilitar la inclusión de los profesionales universitarios con discapacidad.

— Solicitamos a las agencias de acreditación de la Educación Superior:

1. Desarrollar estándares referidos a la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad que formen parte de los procesos de evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior, así como su participación en el Plan de Acción acordado en este evento.

— Los asistentes a este evento:

Conscientes de la importancia de la cooperación interuniversitaria en el ámbito de América Latina y el Caribe;

Dispuestos a la acción conjunta entre la educación superior y organismos gubernamentales y no gubernamentales, en especial las organizaciones de personas con discapacidad;

Considerando que las tecnologías de la información y la comunicación, los entornos virtuales y la educación a distancia pueden ser herramientas fundamentales en el fortalecimiento de esta cooperación y en la realización de acciones y programas de formación, investigación y extensión que favorezcan la inclusión;

Tomando en cuenta la importancia de las Lenguas de Señas como vehículo natural de comunicación de los sordos y en su desarrollo cognitivo, así como el valor de su reconocimiento como base para la superación de barreras comunicacionales y una formación intercultural ;

Decidimos:

1. Crear una Red Latinoamericana y del Caribe de Educación Superior para la Inclusión y la Diversidad, como espacio estratégico para el intercambio de experiencias y conocimientos, la realización de investigaciones conjuntas, la asesoría y el desarrollo de propuestas de la comunidad universitaria regional.

2. Promover la creación de redes similares en cada uno de los países o contribuir a fortalecer las existentes.

3. Llevar a cabo un Plan de Acción conjunto que abarca las siguientes acciones inmediatas:

a) Formulación de propuestas para el fortalecimiento del marco legal para la inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.

b) Elaboración de una guía de evaluación de las condiciones de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad en la educación superior.

c) Realización de un programa regional de formación de docentes de educación superior en las áreas de diversidad, discapacidad y derechos humanos.

d) Recopilación y sistematización de los registros estadísticos sobre personas con
en la educación superior en la región.

4) Recomendar a los países y a la UNESCO la creación de una Convención Internacional sobre las Lenguas de Señas.

Contacto y más información:

Sara Maneiro.
Prensa.
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Correo Electrónico: smaneiro@unesco.org.ve .
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