La portavoz socialista en esta comisión, María José Sánchez Rubio indicó en su intervención que el baremo que se utiliza actualmente en España para evaluar el grado de discapacidad de las personas es de 1999 y, por tanto, anterior al de la CIF, de 2001. Por tanto, “se hace necesario modificarlo, a fin de adaptarlo a los criterios introducidos en el ámbito internacional”, aseveró.
Para Sánchez, esta modificación permitirá unificar los sistemas de valoración españoles, “acercándolos a métodos internacionales”, y simplificará y optimizará el proceso de valoración y lo hará más comprensible, “no sólo para las administraciones, sino también para los usuarios y los profesionales”.
Por otro lado, la Comisión de Discapacidad aprobó también por unanimidad otras iniciativas relativas a la accesibilidad en los trenes y demás medios de transporte público —defendida por el portavoz de ERC Joan Tardà—; al establecimiento de auditorías de accesibilidad previas a los proyectos de infraestructuras financiados por la Administración General del Estado —del diputado del PP Francisco Vañó—; y a la prestación de ayudas técnicas y tecnológicas asistenciales de carácter socio-sanitario (CiU).
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