Asociaciones civiles en materia de discapacidad advirtieron que la propuesta del anteproyecto de ley orgánica para la atención integral de las personas con discapacidad relega la participación de este grupo en la toma de decisiones sobre políticas públicas referidas al tema. De acuerdo con la página web del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el anteproyecto se elaboró “en el marco de la Ley Habilitante” y se propuso su discusión a comunidades entre jueves y viernes en varias regiones del país.
Luis Torres, del Observatorio Venezolano para la Discapacidad, destacó que la propuesta amplía la protección del sector al incluir a la Fiscalía, la Defensoría y al Tribunal Supremo de Justicia como mecanismos de denuncia ante el incumplimiento de la ley. Sin embargo, alertó que de aprobarse el documento tal como se publicó para el debate, el Sistema Integral de Personas con Discapacidad —responsable de discutir y ejecutar políticas públicas en el área— no tomará en cuenta la participación de personas con discapacidad y sus familiares, y tampoco la de los colegios de profesionales.
José Gregorio Delgado, abogado vinculado a los derechos humanos, coincide que en la propuesta el sistema integral desconocerá el protagonismo de esta población en el diseño de políticas públicas. Cuestionó además que los comités comunitarios de personas con discapacidad —encargados de organizar ideas y aportes— se empezarían a regir por las leyes del poder popular. “Pero ninguna de esas normativas hace referencia específica a la discapacidad. La ley actual le da autonomía a los comités para presentar proyectos y debatir políticas públicas”, detalló.
El abogado criticó la premura con que se realiza la consulta, pues a su juicio dos o tres días no son suficientes para evaluar los 265 artículos del anteproyecto. “La convención de derechos humanos de la ONU no se refleja en esta nueva ley, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos culturales, sociales, educativos y de desarrollo integral de las familias”.
Padres preocupados. La propuesta generó preocupación entre padres y representantes de jóvenes con necesidades especiales. Ender Rodríguez, padre de un niño con autismo, aseguró que se trata de un “madrugonazo jurídico” que busca legitimar la transformación de la educación especial, medida que desde 2011 ha obligado al cierre de varios centros de atención especial en el país, denunciaron las familias.
Apuntó que en los artículos 47 y 48 del anteproyecto de ley, relacionados con el aspecto educativo, se elimina la palabra “permanencia”, lo que a su juicio permitiría al Estado retirar a personas en condición especial de centros de atención una vez que hayan alcanzado la edad adulta, sin importar si se encuentran preparadas.
Zoraida Gómez, madre de un adolescente también con autismo, dijo que la discusión se está haciendo a espaldas de ellos, pues además limitan la participación en la consulta a 50 personas por estado.
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