Lara.- Como parte de la puesta en marcha del programa Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, está de visita en el estado Lara juramentando cinco nuevos Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos, uno de ellos integrado por personas con discapacidad.
Para la Defensoría del Pueblo es absolutamente prioritario promover las condiciones y oportunidades para que las personas con discapacidad auditiva, motora, visual e intelectual fortalezcan su organización y se constituyan en defensores colectivos de sus derechos humanos, con miras a poder diseñar mesas de trabajo donde se generen soluciones concertadas con las instituciones del Estado a las necesidades de esta población.
Esta comunidad se encuentra trabajando para tener obtener la aplicación real de la Ley para las Personas con Discapacidad, especialmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento efectivo del artículo 28, el cual establece la obligación que tienen las empresas públicas, privadas, mixtas y la Administración Pública en general de incorporar en sus nóminas totales no menos de un cinco por 5% de personas con discapacidad.
Asimismo, cabe destacar la labor de la institución defensorial en pro de que las personas con discapacidad con el propósito fundamental de que tengan una integración plena a la sociedad, que los planes arquitectónicos de la región garanticen un contexto libre de barreras para que estas personas puedan desplazarse con seguridad y que no exista ninguna argumentación que discrimine, condicione o pretenda impedir una mayor inclusión de esta población en nuestro país.
Hasta la presente fecha se han conformado Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos en el Distrito Capital, Sucre, Miranda y Vargas.
Reforma del COPP
Al ser consultada sobre la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) que busca que las empresas de telecomunicaciones, las entidades bancarias y financieras estén en la obligación de tener disponible un personal las 24 horas del día, a fin de ofrecer la información que se requiera para la resolución de algunos casos, la Defensora del Pueblo señaló que este proyecto no está vulnerando el derecho a la privacidad.
Afirmó que está claramente establecido que el Ministerio Público puede solicitar la intercepción de alguna grabación siempre y cuando el fiscal tenga los elementos de convicción que le permitan pensar que alguna persona está cometiendo un hecho punible u otros elementos que puedan contribuir a una investigación penal, por lo que no se está vulnerando el derecho a la privacidad porque cualquier persona no puede ser interceptada.
Puntualizó que el otro aspecto que se está incorporando en este proyecto es la necesaria cooperación que deben tener las compañías de telecomunicaciones para otorgar información y recordó que a través del cruce de llamadas del sistema de GPS se ha determinado el paradero de algunas personas involucradas en secuestros, homicidios u otros delitos. “Estas medidas pueden contribuir a la seguridad de las personas”.
Marcha por la libertad de expresión
Sobre las marchas por la libertad de expresión convocadas con motivo del Día del Periodista, Ramírez dijo tener posiciones bien claras con respecto al goce y ejercicio de este derecho y agregó que “la libertad de expresión tiene linderos” y tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Consta Rica, en su artículo 13, este derecho no es absoluto ni ilimitado; es decir, quien lo ejerce asume plena responsabilidad por todo lo expresado”.
La Defensora reiteró que en los últimos años en nuestro país algunos medios de comunicación se han dado a la tarea de promover condiciones de desasosiego y de temor en la población y todas las autoridades competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, tienen que velar porque quienes ejercen el poder comunicacional en el país sean generadores de valores positivos como la paz, la convivencia, el bien común y el bienestar colectivo.
Aseguró que las distintas marchas que se realizan es una expresión de la garantía que ofrece el Estado venezolano para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar a viva voz todas sus ideas.