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UNIVERSIDAD LOS ANDES
sábado, 04 de agosto de 2012

La Corporación de Salud tachirense, a través de Eliecer Elbittar, médico fisiatra adjunto al Programa de Atención en Salud para las Personas con Discapacidad, hizo el llamado a los médicos de la región a que se sumen a la labor de calificación, ya que hasta ahora sólo cuentan con 35 galenos para el trabajo.

Asimismo hizo hincapié en los talleres que se crean para preparar a los médicos que van a realizar la capacitación de las diferentes discapacidades, pueden ser médicos de instituciones públicas y privadas, necesitan doctores de todas las especialidades que puedan precisar una discapacidad. Además, precisó que es un acto totalmente gratuito.

Es una iniciativa que busca brindar apoyo en todo el estado Táchira a las 18 mil personas con discapacidad, de las cuales sólo están calificadas 4120. Situación que llevó a Elbittar a realizar el llamado a las personas discapacitadas a que se dirijan a cualquiera de los nueve centros asistenciales disponibles para calificarse.

Por otra parte, informó que a nivel nacional se están creando las ortoprótesis, los laboratorios de ortoprótesis, “no solamente se fabrican prótesis para aquellas personas que les falta alguna extremidad, sino también prótesis auxiliares auditivas”.

Según la información suministrada por Elbittar, la importancia radica en que las leyes establecen una serie de beneficios para las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito laboral. Dichos ciudadanos pueden optar por una reinserción laboral, solicitar al Gobierno una prótesis, ayuda técnica, médica, colchón clínico, cama antiescaras.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), tiene la responsabilidad de definir las estrategias y supervisar que todas las políticas públicas en relación al tema se ejecuten tanto por el sector público como el privado.

Inducción para médicos

El primer paso es instruirlos en normas y lineamientos médicos con escala internacional, como la OMS y la OPS, así como los pactos y convenios confirmados en Venezuela y en el marco jurídico establecido en la Constitución de la República Bolivariana, Ley para Personas con Discapacidad y la relación con la Ley del Trabajo, Ley para la Educación y la Ley de Vivienda y Hábitat.

Como segundo paso, se les adiestra en la forma de llegar la planilla y de esa manera facilitan a las personas con discapacidad la ayuda gubernamental para cualquier medicamento o necesidad que posean. “Siempre les pedirán la planilla que corrobore su discapacidad”.

El tercer paso es la inducción de todos los aparatos, debido a las deficiencias en la función metal, esquelética, metabólica, auditiva, trastorno del habla y visual. Por último, el análisis de las limitaciones de actividad que se producen en todos los sistemas de aparatos.

Casos de personasdiscapacitadas

Elbittar mientras estuvo en un proceso de apoyo calificativo, observó que una de las principales discapacidades es la auditiva, pero a manera general en el país abunda la discapacidad músculo esquelético y neurológico, debido a lesiones con armas de fuego y accidentes de tránsito. Es por ello que la campaña está dirigida a la prevención de violencia para evitar más personas discapacitadas.

Jessica Jaramillo

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06-08-2012

Una persona que se moviliza en silla de ruedas debe hacer grandes esfuerzos para transitar por aceras maltrechas y edificios sin las estructuras adecuadas. En los autobuses tampoco hay facilidades para quienes tienen problemas motores. Muchas escuelas regulares rechazan a niños con autismo o con alguna otra condición especial. En resumen, en Venezuela todavía se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

Justamente, esas prerrogativas se establecen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en 2008. Hasta el momento han firmado 153 países y 118 han ratificado ­condición para que sea realmente válido el instrumento­. En el mapamundi, Venezuela está en desventaja: es el único país de América del Sur que no ha firmado ni ratificado.

Si bien existe la Ley para Personas con Discapacidad, que fue promulgada en 2006 y considera los derechos de esa población, la convención establece compromisos internacionales. Incluso, el Protocolo Facultativo que acompaña al instrumento ­que se firma y ratifica aparte­ indica los procedimientos para enviar denuncias a la ONU sobre violación de esos derechos ­en salud, educación, trabajo, acceso a la justicia­.

El Estado ha hecho intentos, pero la firma no ha cristalizado. En Gaceta Oficial 39236, de agosto de 2009, se publicó la ley aprobatoria de la convención y su protocolo. Pero María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, dice que eso no es suficiente. “Mientras no se lleven las firmas a la ONU y no se ratifique el instrumento no entrará en vigencia. Eso quedó engavetado. No hemos avanzado”, apunta.

La Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familiares ­a la que pertenece Avesid­ ha llevado comunicaciones a la Cancillería, pero no se han obtenido respuestas. La carta más reciente, dice Padrón, fue enviada hace seis meses. “Estamos en permanente lucha para que se firme la convención. Este es un colectivo muy vulnerable”, dice.

La importancia

Es cierto, dice Padrón, que el Estado ha hecho esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Existe una legislación nacional, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gravedad de que Venezuela no ratifique la convención internacional? Padrón responde: “Se trata de convalidar el compromiso que existe con una población con la que el Estado aún tiene deudas. Sería una manera de reafirmar la voluntad de trabajo para el presente y el futuro”.

En diciembre de 2006, Venezuela ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos. Padrón considera que, de todos modos, la de la ONU es indispensable, pues establece los derechos de una forma más amplia. “La convención internacional es más progresista.

No entiendo por qué todavía no se ha firmado”, asegura.

Juan Kujawa, experto en políticas públicas sobre discapacidad, apunta hacia otra arista: si el Estado firma la convención, estaría obligado a cumplir y sería objeto de supervisión internacional.

Luis Oswaldo Torres, director del Observatorio Venezolano de la Discapacidad y presidente de la Fundación Amigos de la Discapacidad Motora, comparte esa idea: “Cada dos años, Venezuela tendría que entregar cuentas de sus políticas públicas. El país tendría que llevar a la práctica las demandas de esa población”.

Para Kujawa, esas obligaciones podrían explicar la negativa de firmar y ratificar el documento. Probablemente, dice el experto, no es conveniente formar parte de ese compromiso internacional porque las deudas son muchas: por ejemplo, todavía no se ha promulgado un reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad. Tampoco, denuncia, se cumple con las adecuaciones de infraestructura o vialidad, entre otras disposiciones legales.

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06-08-2012

Una persona que se moviliza en silla de ruedas debe hacer grandes esfuerzos para transitar por aceras maltrechas y edificios sin las estructuras adecuadas. En los autobuses tampoco hay facilidades para quienes tienen problemas motores. Muchas escuelas regulares rechazan a niños con autismo o con alguna otra condición especial. En resumen, en Venezuela todavía se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

Justamente, esas prerrogativas se establecen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en 2008. Hasta el momento han firmado 153 países y 118 han ratificado ­condición para que sea realmente válido el instrumento­. En el mapamundi, Venezuela está en desventaja: es el único país de América del Sur que no ha firmado ni ratificado.

Si bien existe la Ley para Personas con Discapacidad, que fue promulgada en 2006 y considera los derechos de esa población, la convención establece compromisos internacionales. Incluso, el Protocolo Facultativo que acompaña al instrumento ­que se firma y ratifica aparte­ indica los procedimientos para enviar denuncias a la ONU sobre violación de esos derechos ­en salud, educación, trabajo, acceso a la justicia­.

El Estado ha hecho intentos, pero la firma no ha cristalizado. En Gaceta Oficial 39236, de agosto de 2009, se publicó la ley aprobatoria de la convención y su protocolo. Pero María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, dice que eso no es suficiente. “Mientras no se lleven las firmas a la ONU y no se ratifique el instrumento no entrará en vigencia. Eso quedó engavetado. No hemos avanzado”, apunta.

La Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familiares ­a la que pertenece Avesid­ ha llevado comunicaciones a la Cancillería, pero no se han obtenido respuestas. La carta más reciente, dice Padrón, fue enviada hace seis meses. “Estamos en permanente lucha para que se firme la convención. Este es un colectivo muy vulnerable”, dice.

La importancia

Es cierto, di- ce Padrón, que el Estado ha hecho esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Existe una legislación nacional, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gravedad de que Venezuela no ratifique la convención internacional? Padrón responde: “Se trata de convalidar el compromiso que existe con una población con la que el Estado aún tiene deudas. Sería una manera de reafirmar la voluntad de trabajo para el presente y el futuro”.

En diciembre de 2006, Venezuela ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos. Padrón considera que, de todos modos, la de la ONU es indispensable, pues establece los derechos de una forma más amplia. “La convención internacional es más progresista.

No entiendo por qué todavía no se ha firmado”, asegura.

Juan Kujawa, experto en políticas públicas sobre discapacidad, apunta hacia otra arista: si el Estado firma la convención, estaría obligado a cumplir y sería objeto de supervisión internacional.

Luis Oswaldo Torres, director del Observatorio Venezolano de la Discapacidad y presidente de la Fundación Amigos de la Discapacidad Motora, comparte esa idea: “Cada dos años, Venezuela tendría que entregar cuentas de sus políticas públicas. El país tendría que llevar a la práctica las demandas de esa población”.

Para Kujawa, esas obligaciones podrían explicar la negativa de firmar y ratificar el documento. Probablemente, dice el experto, no es conveniente formar parte de ese compromiso internacional porque las deudas son muchas: por ejemplo, todavía no se ha promulgado un reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad. Tampoco, denuncia, se cumple con las adecuaciones de infraestructura o vialidad, entre otras disposiciones legales.

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06-08-2012

Una persona que se moviliza en silla de ruedas debe hacer grandes esfuerzos para transitar por aceras maltrechas y edificios sin las estructuras adecuadas. En los autobuses tampoco hay facilidades para quienes tienen problemas motores. Muchas escuelas regulares rechazan a niños con autismo o con alguna otra condición especial. En resumen, en Venezuela todavía se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

Justamente, esas prerrogativas se establecen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en 2008. Hasta el momento han firmado 153 países y 118 han ratificado ­condición para que sea realmente válido el instrumento­. En el mapamundi, Venezuela está en desventaja: es el único país de América del Sur que no ha firmado ni ratificado.

Si bien existe la Ley para Personas con Discapacidad, que fue promulgada en 2006 y considera los derechos de esa población, la convención establece compromisos internacionales. Incluso, el Protocolo Facultativo que acompaña al instrumento ­que se firma y ratifica aparte­ indica los procedimientos para enviar denuncias a la ONU sobre violación de esos derechos ­en salud, educación, trabajo, acceso a la justicia­.

El Estado ha hecho intentos, pero la firma no ha cristalizado. En Gaceta Oficial 39236, de agosto de 2009, se publicó la ley aprobatoria de la convención y su protocolo. Pero María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, dice que eso no es suficiente. “Mientras no se lleven las firmas a la ONU y no se ratifique el instrumento no entrará en vigencia. Eso quedó engavetado. No hemos avanzado”, apunta.

La Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familiares ­a la que pertenece Avesid­ ha llevado comunicaciones a la Cancillería, pero no se han obtenido respuestas. La carta más reciente, dice Padrón, fue enviada hace seis meses. “Estamos en permanente lucha para que se firme la convención. Este es un colectivo muy vulnerable”, dice.

La importancia

Es cierto, di- ce Padrón, que el Estado ha hecho esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Existe una legislación nacional, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gravedad de que Venezuela no ratifique la convención internacional? Padrón responde: “Se trata de convalidar el compromiso que existe con una población con la que el Estado aún tiene deudas. Sería una manera de reafirmar la voluntad de trabajo para el presente y el futuro”.

En diciembre de 2006, Venezuela ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos. Padrón considera que, de todos modos, la de la ONU es indispensable, pues establece los derechos de una forma más amplia. “La convención internacional es más progresista.

No entiendo por qué todavía no se ha firmado”, asegura.

Juan Kujawa, experto en políticas públicas sobre discapacidad, apunta hacia otra arista: si el Estado firma la convención, estaría obligado a cumplir y sería objeto de supervisión internacional.

Luis Oswaldo Torres, director del Observatorio Venezolano de la Discapacidad y presidente de la Fundación Amigos de la Discapacidad Motora, comparte esa idea: “Cada dos años, Venezuela tendría que entregar cuentas de sus políticas públicas. El país tendría que llevar a la práctica las demandas de esa población”.

Para Kujawa, esas obligaciones podrían explicar la negativa de firmar y ratificar el documento. Probablemente, dice el experto, no es conveniente formar parte de ese compromiso internacional porque las deudas son muchas: por ejemplo, todavía no se ha promulgado un reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad. Tampoco, denuncia, se cumple con las adecuaciones de infraestructura o vialidad, entre otras disposiciones legales.

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