Como declaran los gobernantes de la capital, más allá de colocar rampas en las aceras, lo realmente importante es educar al ciudadano para que acepte a estas personas como iguales, solo que con una condición habilidades diferentes.
Para Rafael Picón, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo en el área de Discapacidad, el país se está adaptando paulatinamente, pero aún falta mucho por hacer.
“Desde la creación de la ley para personas con discapacidad en 1999, las empresas han integrado más a estos ciudadanos y hemos obtenido resultados positivos”.
Picón comenta que el Gobierno Central le ha dado más responsabilidad a los estados y por tal razón desde hace ocho años se crearon las Unidades Municipales en todo el país, ubicadas en las alcaldías y conformadas por tres personas.
Estos funcionarios, quienes tienen discapacidad, velan por que se les abra una tribuna de participación y se eleven propuestas ante las alcaldías en cuanto a políticas públicas para la inclusión de personas con diversas limitaciones.
El trabajo de Picón no es sencillo pero como afirma él, es gratificante. “Mi labor es promover, defender y vigilar los derechos de estas personas y hemos tenido grandes avances, la mentalidad de la gente está cambiando”.
En cuanto a denuncias, señala que cada año bajan las cifras, en el 2007 sólo se recibieron 40 denuncias diversas y el 2008 no se ha contabilizado, pero la tendencia a la baja es considerable.
POCO A POCO
En el 2008 la Defensoría del Pueblo realizó una jornada nacional de divulgación de está ley, y en el recorrido se inspeccionaron aeropuertos y otros sitios para garantizar los servicios públicos, y en términos generales las condiciones de accesibilidad para ellos estaban dadas, “pero debo reconocer que en el interior hay mucho por hacer y están muy limitados”, aclara Picón.
En cuanto al aeropuerto de Mai- quetía y los terminales de La Bandera y Oriente afirma que hay mucha receptividad y están perfectamente adaptados, “aunque las unidades de transporte no, pero debemos entender que el parque automotor es antiguo, pero las nuevas ya tienen rampas”.
Las entidades bancarias ya disponen también de esa facilidad y de taquillas especiales, además de instructivos en braile.
Desde el 5 de enero de 2007 entró en vigencia la ley que obliga a las ciudades a facilitar el acceso y circulación; que el 5% de la nómina de las empresas los incluya, por lo que la ley da plazo de tres años para las transformaciones necesarias.
Otro de los avances en la materia es que Venezuela fue electa miembro signatario de la ONU, y apenas sea ratificado por los países, podremos recibir asesoramiento y ayuda económica para ejecutar proyectos de esta índole.
Cecimar Kerch Cisneros/
ckerch@cadena-capriles.com
El Mundo