MANIFIESTO DE FEVEDI

MANIFIESTO DE FEVEDI

Nosotros, Asociación de Educación Complementaria (ASODECO), Asociación Nacional para la Parálisis Cerebral (ANAPACE), Asociación Venezolana de Padres y amigos de niños excepcionales (AVEPANE), Asociación Venezolana Prader-Willi (ASOVEPRA), Asociación Venezolana para el Síndrome de Down (AVESID), Fundación Alzheimer de Venezuela (A.V), Fundación para el desarrollo y la comunicación del niño extraordinario e interacción con los Delfines (FUNDELF), Fundación Paso a Paso, Sociedad Venezolana para Niños y Adultos con Autismo (SOVENIA), Asociación Venezolana de Musicoterapeutas (ASOVEMUS), y Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud, (SOVEPSSA), nos hemos constituido en la Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familiares (FEVEDI), con el objetivo primario de luchar por los derechos de las personas con discapacidad y sus familiares. A tal efecto, celebramos los días 27 y 28 de abril del año 2005, en la ciudad de Caracas, el primer Congreso de Discapacidad Intelectual y Desarrollo Inclusivo. El resultado de este Congreso es lo que hoy queremos hacer del conocimiento de los honorables miembros de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, para que el mismo sirva de inspiración y fundamento a los ante proyectos de ley dirigidos a regular la participación y atención integral a las personas discapacitadas.

Las organizaciones reunidas en FEVEDI aspiramos a que el objeto de la ley sea el conjunto de políticas públicas que le garanticen a las personas con discapacidad, la participación y la atención integral de ellas en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Solicitamos se tome en cuenta el aporte y participación de todas aquellas instituciones privadas que desde hace años vienen prestando sus servicios a las personas con discapacidad, en el orden intelectual y físico-motor. Estamos convencidos que las políticas públicas que se hacen por consenso y con la participación de toda la sociedad civil son las que garantizan mayor éxito y cohesión desde el punto de vista social. En función de estas metas, se hace urgente por parte de la Asamblea Nacional la aprobación de la ley dirigida a proteger a las personas con discapacidad, para lograr de la manera más rápida y eficiente la atención integral y la participación de ellas dentro de la sociedad.
Ahora bien, con relación a la facultad que tiene el Estado de calificar quienes son las personas con discapacidad, es nuestra humilde opinión que ella debería hacerse, no sólo con la participación de los órganos y expertos designados por el Estado, sino también mediante la participación de todas aquellas instituciones privadas o mixtas que por su experiencia y conocimiento acumulados, durante años, coadyuven en la calificación adecuada de cada caso.

Desde otra perspectiva, creemos que la participación de la ciudadanía organizada podría ser determinante en la atención de las personas con discapacidad, especialmente a través del trato amoroso y comprensivo de sus familiares. En todo caso, siempre será fundamental la participación y vigilancia de los órganos y personas del Estado, especialmente encargados ofrecer este tipo de atención especial a las personas con discapacidad.

Asimismo, aspiramos que los municipios, estados y entidades federales se conviertan en órganos receptores de las inquietudes y soluciones planteadas por la comunidad con relación al problema de la discapacidad, dentro de sus respectivas competencias y territorios.

Saludamos con beneplácito y complacencia la creación del ente rector propuesto en la Ley, para regular la participación y atención integral de las personas con discapacidad. Ese ente rector deberá tener personalidad jurídica y patrimonio propios, de modo que tenga la suficiente autonomía e independencia financiera y ejecutiva para llevar cabo exitosamente las políticas públicas trazadas por el Estado en ese aspecto.

Desde el punto de vista comunicacional sería conveniente tener una política informativa permanente, dirigida a integrar a las personas con discapacidad a la sociedad, para que ésta los acepte sin ningún tipo de barreras. Los programas de educación de personas con discapacidad deberán ser elaborados dentro de un marco conceptual que permita la inclusión de las mismas, en todos los niveles educativos. Para alcanzar ese objetivo, el Estado debería tomar en cuenta también la experiencia acumulada de los diferentes entes privados que han venido aportando su colaboración a la formación y atención de personas con discapacidad ,así como también elaborar programas dirigidos a la formación de personal especialmente calificado para atender a dichas personas.

Consideramos que es fundamental para el logro de todos estos fines el respeto y reconocimiento de los derechos individuales y sociales de las personas con discapacidad, bajo la premisa de que se les brinde un trato social igualitario y sin barreras. Para alcanzar ese objetivo será fundamental tomar en cuenta el aspecto de protección familiar y social que se le pueda ofrecer a las personas con discapacidad, conforme lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra cultura.

Establecer de manera clara y categórica el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la pensión por discapacidad, el derecho a contratar pólizas de seguros de salud y vida, a la comunicación telefónica o de otro tipo, a la accesibilidad arquitectónica, turística, hotelera y recreacional, el ejercicio del derecho al voto, de acuerdo a su discapacidad específica, el derecho al trabajo conforme a su formación, con salarios adecuados a su formación educativa individual, sin discriminaciones de ningún género. La planificación urbanística, tomando en cuenta las necesidades de desplazamiento y atención de las personas con discapacidad y el establecimiento por ley del deber de atender y auxiliar en forma oportuna e inmediata a las personas con discapacidad, bien sea a través de vehículos de transporte públicos o privados. La creación de un registro permanente en los que queden inscritos las personas con discapacidad, sus familiares, cuidadores familiares o profesionales.

Finalmente expresamos nuestro optimismo en que la Asamblea Nacional habrá de recoger todas las ideas planteadas en este manifiesto y plasmarlas dentro del texto legal, para que todas ellas sirvan de marco para la atención y cuido de las personas con discapacidad a nivel nacional.

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