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En sus tres días de sesiones también se debatirán los esfuerzos para integrar plenamente a las personas discapacitadas en todos los aspectos de la vida, así como la necesidad de que se les facilite el pleno acceso a la educación.
Noventa países han ratificado hasta la fecha el tratado, que entró en vigor en mayo de 2008, mientras que otros 146 únicamente lo han firmado.
Incrementar el número de las ratificaciones es una de las prioridades de esta tercera sesión, según dijo hoy a Efe el director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad de España, Jaime Alejandre.
“Tenemos que conseguir un mayor número de ratificaciones, aunque de todas maneras vamos muy bien”, indicó el responsable español, quien también resaltó la importancia de que en este foro se recuerde a los países parte del tratado la obligación de cumplir los deberes que han asumido.
En ese aspecto, indicó que España ha sido el primer país en presentar el informe obligatorio que exige el tratado y en señalar su disposición a que se sometan a examen las medidas adoptadas para adecuar su legislación al contenido de la Convención.
Alejandre también destacó que la delegación española organizará el jueves la presentación por parte de un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down de una guía sobre cómo sus derechos les han sido y les están siendo vulnerados, y en la que también reivindican ser tratados como cualquier ciudadano.
La Guía “Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus protagonistas” ha sido elaborada por la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, Granada, Jerez, Lleida y Málaga, y patrocinada por Obra Social Caja Madrid.
El jueves también se celebrará una sesión informal dedicada a analizar la situación de las personas con discapacidad que se ven afectadas por conflictos y catástrofes naturales, como pueden ser el terremoto en Haití del pasado enero o las actuales inundaciones en Pakistán.
“Los conflictos y los desastres causan un mayor número de discapacidades y, al mismo tiempo, las personas con discapacidades son más vulnerables en este tipo de situaciones extremas”, explicó en un comunicado el responsable del secretariado de la Convención, Akiko Ito.
Los asistentes a esta sesión informal discutirán medidas concretas para atender las necesidades de las personas discapacitadas y reducir “la desventaja con la que afrontan situaciones de crisis en las que escasean los recursos”, agregó.
Esta nueva reunión de los países que forman parte del tratado también servirá para ampliar de 12 a 18 el número de miembros que integran el comité de expertos encargado de supervisar su implementación.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) instó hoy a los países que asisten a este encuentro a abandonar la retórica para centrarse en las estrategias y las actuaciones que benefician de manera tangible a las personas discapacitadas.
“Si los Gobiernos se toman en serio sus compromisos con las personas discapacitadas, deben traspasar del papel a la realidad sus legislaciones y políticas”, afirmó en un comunicado de prensa la responsable para asuntos de discapacidad de HRW, Shanta Rau Barriga, quien también insistió en que se incluyan miembros de este colectivo en la elaboración y aplicación de las políticas públicas.