06-08-2012
Una persona que se moviliza en silla de ruedas debe hacer grandes esfuerzos para transitar por aceras maltrechas y edificios sin las estructuras adecuadas. En los autobuses tampoco hay facilidades para quienes tienen problemas motores. Muchas escuelas regulares rechazan a niños con autismo o con alguna otra condición especial. En resumen, en Venezuela todavía se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.
Justamente, esas prerrogativas se establecen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en 2008. Hasta el momento han firmado 153 países y 118 han ratificado condición para que sea realmente válido el instrumento. En el mapamundi, Venezuela está en desventaja: es el único país de América del Sur que no ha firmado ni ratificado.
Si bien existe la Ley para Personas con Discapacidad, que fue promulgada en 2006 y considera los derechos de esa población, la convención establece compromisos internacionales. Incluso, el Protocolo Facultativo que acompaña al instrumento que se firma y ratifica aparte indica los procedimientos para enviar denuncias a la ONU sobre violación de esos derechos en salud, educación, trabajo, acceso a la justicia.
El Estado ha hecho intentos, pero la firma no ha cristalizado. En Gaceta Oficial 39236, de agosto de 2009, se publicó la ley aprobatoria de la convención y su protocolo. Pero María Susana Padrón de Grasso, presidente de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, dice que eso no es suficiente. “Mientras no se lleven las firmas a la ONU y no se ratifique el instrumento no entrará en vigencia. Eso quedó engavetado. No hemos avanzado”, apunta.
La Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familiares a la que pertenece Avesid ha llevado comunicaciones a la Cancillería, pero no se han obtenido respuestas. La carta más reciente, dice Padrón, fue enviada hace seis meses. “Estamos en permanente lucha para que se firme la convención. Este es un colectivo muy vulnerable”, dice.
La importancia
Es cierto, di- ce Padrón, que el Estado ha hecho esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Existe una legislación nacional, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gravedad de que Venezuela no ratifique la convención internacional? Padrón responde: “Se trata de convalidar el compromiso que existe con una población con la que el Estado aún tiene deudas. Sería una manera de reafirmar la voluntad de trabajo para el presente y el futuro”.
En diciembre de 2006, Venezuela ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos. Padrón considera que, de todos modos, la de la ONU es indispensable, pues establece los derechos de una forma más amplia. “La convención internacional es más progresista.
No entiendo por qué todavía no se ha firmado”, asegura.
Juan Kujawa, experto en políticas públicas sobre discapacidad, apunta hacia otra arista: si el Estado firma la convención, estaría obligado a cumplir y sería objeto de supervisión internacional.
Luis Oswaldo Torres, director del Observatorio Venezolano de la Discapacidad y presidente de la Fundación Amigos de la Discapacidad Motora, comparte esa idea: “Cada dos años, Venezuela tendría que entregar cuentas de sus políticas públicas. El país tendría que llevar a la práctica las demandas de esa población”.
Para Kujawa, esas obligaciones podrían explicar la negativa de firmar y ratificar el documento. Probablemente, dice el experto, no es conveniente formar parte de ese compromiso internacional porque las deudas son muchas: por ejemplo, todavía no se ha promulgado un reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad. Tampoco, denuncia, se cumple con las adecuaciones de infraestructura o vialidad, entre otras disposiciones legales.